Antoni Gómez (CCJCC) defiende auditorías “sistemáticas, regulares y no esporádicas” en sector público
El presidente del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), Antoni Gómez, ha defendido la necesidad de realizar auditorías “sistemáticas, regulares y no esporádicas” en el sector público en coherencia con el compromiso del colectivo a quien representa la entidad –“trabajamos por la transparencia y la confianza en un contexto en el que los efectos económicos de la pandemia se prolongarán en el tiempo”, ha sentenciado–, al tiempo que ha puesto en valor la “colaboración público-privada” en lo que concierne al control de las entidades públicas.
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Lo ha hecho en la 11ª Jornada de Auditoría del Sector Público que, con el título ‘NIA-ES-SP. Un marco normativo común’, ha organizado el CCJCC, en esta ocasión en modalidad virtual como consecuencia de las exigencias de confinamiento y distanciamiento social motivadas por la pandemia sanitaria del Covid-19. Más de 200 profesionales del sector auditor y representantes de las administraciones públicas han seguido el encuentro.
En su intervención el presidente de los auditores catalanes también ha contrapuesto la “confusión” respecto de las cifras que se han transmitido al conjunto de la sociedad con motivo de la evolución de la pandemia sanitaria, con “los criterios de homogeneidad y de impulso de estándares internacionales” que sostienen la práctica auditora por el imperativo que la información aportada refleje “una imagen fiel de lo que queremos representar” y porque las cifras que se deriven sean “pertinentes para la opinión pública y faciliten la toma de decisiones”.
Identificación de “riesgos añadidos” en el control público a raíz de la pandemia
El Síndic Major de la Sindicatura de Comtes de Catalunya, Jaume Amat, ha reconocido en la inauguración de la jornada que hará falta identificar “riesgos añadidos” en materia de contratación, gestión de las ayudas y tesorería en el contexto de la respuesta del sector público a la pandemia y la subsiguiente crisis económica. “Veremos una modificación de los sistemas de control de las administraciones públicas”, ha concluido, y ha vaticinado “un goteo de nueva normativa conforme avancen los acontecimientos”.
En su turno de palabra el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, ha aludido a criterios como la transparencia y la trazabilidad en el funcionamiento del sector público, mientras reclamaba “un reforzamiento del control interno, la mejora de la coordinación, una evaluación de la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y la asignación transparente de cualquier fondo público a raíz del Covid-19”.
Y el Interventor General de la Generalitat de Catalunya, David Canada, ha puesto el énfasis en la “necesaria transformación digital” de las administraciones públicas como requisito necesario para alcanzar una mayor transparencia ante la ciudadanía, pero también ha pedido “flexibilidad” en su control.
Más independencia para los órganos de control externo u OCEX
Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha advertido en la ‘Conferencia sobre el futuro del control del Sector Público’ que “la contaminación política e institucional” lastra la tarea desarrollada por los órganos de control externo u OCEX y ha abogado por su “máxima independencia” porque, en su opinión, “todavía hay algo que falla” en el control económico de las administraciones públicas.
El catedrático ha alabado la función de los auditores de cuentas por la celeridad con la que pueden desarrollar las auditorías del ámbito público, pero también porque este colectivo aporta “rigor” en el manejo de datos que, desde una óptica de control, son de interés colectivo.
NIA’s, colaboración con el mundo local y control financiero de la Generalitat
En la 11ª edición de la Jornada del Sector Público del Col·legi se han desarrollado tres ponencias temáticas. La primera de ellas –‘Convergencia de las Normas Internacionales de Auditoría del sector público’– ha tenido como ponentes a Cándido Gutiérrez (Oficina Nacional de Auditoría) y Rosa Puigvert (directora del departamento Técnico del CCJCC).
La sesión ‘Formas de colaboración entre la Administración local y los auditores privados’ ha contado con la participación de Ernest Ruiz (viceinterventor general de la Diputació de Girona). Ruiz ha estimado en 715 el número de entidades sujetas a auditoría pública en Catalunya, entre organismos autónomos, consorcios, entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles, entre otros.
Ha cerrado la Jornada ‘El control financiero en el ámbito de la Generalitat de Catalunya y formas de colaboración’, con Ivan Puig (interventor de la Generalitat de Catalunya) como ponente.
Destacados:
- El presidente de los auditores catalanes contrapone la “confusión” respecto de las cifras transmitidas con motivo de la evolución de la pandemia sanitaria con “los criterios de homogeneidad y de impulso de estándares internacionales” que sostienen la práctica auditora para reflejar “una imagen fiel de lo que queremos representar
- Ernest Ruiz (Diputació de Girona) estima en 715 el número de entidades sujetas a auditoría pública en el conjunto de Catalunya
- Jaume Amat (Sindicatura de Comptes) reconoce que hará falta identificar “riesgos añadidos” en materia de contratación, gestión de las ayudas y tesorería en el contexto de respuesta del sector público a la pandemia y la subsiguiente crisis económic
- Miguel Ángel Gimeno (Oficina Antifrau) reclama “un reforzamiento del control interno, la mejora de la coordinación, una evaluación de la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y la asignación transparente de cualquier fondo público a raíz del Covid-19”
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya: 1.500 profesionales
La misión del Col·legi es velar porque la actividad profesional del auditor se adecue a los intereses de los ciudadanos, representar la profesión en todos los ámbitos relacionados con el entorno económico-financiero, defender los intereses de los colegiados, regular en el marco de las leyes y vigilar el ejercicio de la profesión de censor jurado de cuentas, así como facilitar la formación profesional del auditor y velar por el cumplimiento de la calidad de los trabajos. En la actualidad el Col·legi está integrado por 1.500 profesionales pertenecientes a más de 200 firmas del sector. El presidente actual es Antoni Gómez.