Los auditores piden que el nuevo reglamento de auditoría, en trámite de audiencia desde principios de este mes, sea aprobado de forma consensuada con el sector.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Ferrán Rodríguez, acompañado por la subsecretaria del Ministerio de Economía y Empresa, María Amparo López Senovilla, habló, en la inauguración del XXIV Congreso Nacional de Auditoría, sobre la coyuntura que rodea al sector de la auditoría, tras abrir consulta pública el Gobierno sobre el reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC), el pasado 3 de octubre.

“Estamos a disposición del Ministerio y del ICAC para seguir trabajando y llegar a un texto que cumpla con dos características de las que carece la LAC: que sea producto de un amplio acuerdo y que ayude a los auditores a centrar sus esfuerzos en mejorar la calidad de su trabajo”, explicó Ferrán Rodríguez.

Una ley sin consenso

España fue el primer país de Europa en adaptar la normativa europea. La LAC que se aprobó en 2015 no satisfizo las expectativas de los profesionales porque se realizó a espaldas del sector, sin considerar los procesos normativos que se estaban realizando en el resto de los estados de la Unión Europea, sin el consenso de los grupos parlamentarios, que no consiguieron que se aprobara, ni siquiera, una de las 300 enmiendas presentadas y sin escuchar a otros grupos de interés, ni a otros reguladores. En cambio, la Ley de Auditoría de 2010 sí se aprobó por unanimidad con el Congreso y con la profesión auditora.

 

En opinión del Instituto de censores Jurados de cuentas, el borrador sometido a audiencia publica generaría, de ser aprobado con su redacción actual, problemas importantes. “Entendemos que no ayuda a aclarar ni a mejorar la Ley de Auditoría de Cuentas en aspectos claves. Generaría cargas administrativas que creemos que pueden evitarse, y que ya son de por si muy elevadas. Establece límites a nuestra libertad de empresa al tratar de imponer un modelo único de organización interna. Nos aleja, tal y como ya ha hecho previamente la LAC, de Europa y de la normativa Internacional. Y limita la libre competencia al establecer condiciones para los auditores de Entidades de Interés Público que los auditores medianos y pequeños tendrán difícil cumplir” señaló Ferrán Rodríguez.

Los auditores demandan un supervisor independiente

El modelo del actual ICAC proviene de la Ley de Auditoría de 1988, no se adapta al marco europeo y se caracteriza por su dependencia ministerial. Los auditores demandan un supervisor independiente porque consideran que esta figura es imprescindible para una adecuada supervisión de la información financiera y las opiniones especializadas expresadas en los informes de auditoría.

“El supervisor, como los auditores, tiene que ser independiente. De esta forma entendemos que se eliminaría uno de los principales problemas con el que nos encontramos los auditores: nuestras normas son más principios, que preceptos detallados y concretos, por lo que siempre existe un margen para su interpretación subjetiva. Creemos que con un supervisor completamente independiente este problema se reduciría al mínimo, ya que le permitiría tener un carácter más prudencial, anticipándose a los problemas, lo que generaría efectos positivos no sólo a los auditores, también a sus clientes y a los usuarios de información financiera, a los que también perjudica esta situación.”, destacó Ferrán Rodríguez.

El Consejo de Estado, en su análisis del Proyecto de Ley de Auditoría, se mostraba partidario de incrementar la autonomía del supervisor de la auditoría de cuentas respecto del poder político. El informe también aseguraba que parecía muy conveniente acercar el régimen del ICAC al de los organismos reguladores del sector bancario y del mercado de valores.