Los auditores de cuentas proponen al Gobierno central y a la Comunidad de Madrid una mayor colaboración público-privada en el control efectivo de las ayudas de Europa frente al Covid-19. El presidente de la Agrupación de Madrid del ICJCE, Víctor Alió, acompañado por el presidente del ICAC, Santiago Durán, explicó en el Día del Auditor de Madrid, que se celebró de manera virtual, que es necesario diseñar con rapidez mecanismos complementarios a los tradicionales para dotarlos con los recursos y la arquitectura institucional precisa en los procedimientos y controles que se aplican a este tipo de ayudas de fondos públicos europeos.

 

“La semana pasada el Tribunal de Cuentas Europeo publicó su informe anual donde indica que ha habido demasiados errores en los pagos a cargo del presupuesto comunitario de 2019 y que habrá que gestionar bien los fondos de la UE destinados a paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Además, el informe asegura que la Comisión Europea y los Estados Miembros tienen una enorme responsabilidad enla gestión correcta y eficaz de las finanzas de la UE”, destacó Víctor Alió.

 

Por estos motivos, Alió reclamó, tanto al Gobierno de la nación como a la Comunidad de Madrid, una mayor colaboración público-privada en el control efectivo de las ayudas para gestionar con rapidez los procedimientos y controles que se aplican a este tipo de ayudas públicas. “La patronal del sector solicita que se promueva una colaboración efectiva entre la IGAE, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y los auditores, tal y como están haciendo algunos países europeos como Francia, Suecia, Noruega, Finlandia o Dinamarca, entre otros, que ya están articulando medidas diseñadas sobre la base de la colaboración público-privada, ya que a nivel europeo no existe un modelo único para llevar a cabo todos estos controles”.

 

Alió destacó que este tipo de medidas deben de centrarse en controles a posteriori, es decir, una vez concedidas las ayudas, que se centren en verificar el uso adecuado de éstas a lo establecido en la Ley. “Evidentemente, los mejores situados para hacer estos controles son los auditores de las empresas. Es importante que se apueste ya por estas medidas y por el auditor como el garante del buen uso de estos fondos públicos”.

 

 

Por otra parte, Ferrán Rodríguez explicó que el Instituto ha propuesto al Gobierno de la nación la suspensión temporal de los límites de auditoría debido a la crisis económica que están viviendo las empresas derivada por los efectos de la pandemia causada por el Covid-19.

 

“Nos enfrentamos a una crisis de enorme dimensión, y después de más de 15 años, todavía no nos hemos recuperado de los niveles de antes de 2008. En 2019 se hicieron 5.000 trabajos menos que en esos años. En el peor momento de la pasada crisis, el número de informes cayo en más de 10.000 trabajos. Si se repite esta caída, nos enfrentaremos a una reducción del mercado de cerca de un 15%, un golpe difícil de asumir para la confianza en la información sobre la que se asienta hoy la solvencia del sistema financiero español, y que conllevará el cierre de cientos de firmas, sobre todo de pequeños y medianos despachos”, destacó Ferrán Rodríguez.

 

Esta posible evolución supondría un golpe a la transparencia del sistema económico español, y por estos motivos Ferrán Rodríguez asegura que se deben tomar medidas rápidamente. “Creemos necesaria la suspensión temporal de los límites de auditoría, ya que, mediante esta pauta como se ha hecho en otros sectores, no se aplicarían los parámetros de los años 2020 y 2021 a la ahora de saber si una empresa debe o no de dejar de ser auditada”.