Cómo auditar la información no financiera
Las nuevas normas de la Unión Europea sobre la divulgación de información no financiera por parte de las empresas, que empezarán a aplicarse ya en el actual ejercicio 2017, asignan nuevas responsabilidades a las firmas de auditoría. La entrada en vigor de las nuevas reglas está pendiente de la transposición de la Directiva 2014/95 a la legislación española, pero en la práctica ya podemos ir haciéndonos a la idea de que los auditores legales habremos de emitir un dictamen para comprobar que el informe de gestión de las grandes empresas incluye información sobre cuestiones medioambientales, sociales y laborales, entre otras variables no financieras que influyen en la actividad empresarial.
Las nuevas exigencias de la Unión Europea son positivas, en tanto en cuanto responden a una demanda de mayor transparencia por parte de los distintos grupos de interés de las empresas y de la sociedad en su conjunto. En un mundo en cambio permanente y marcado por la revolución de las nuevas tecnologías, los auditores debemos ser flexibles y adaptar nuestras habilidades tradicionales en materia financiera y contable a otras áreas de la actividad empresarial. En definitiva, los auditores necesitamos abrir más los ojos y ampliar nuestro radio de acción, con el fin de ofrecer una imagen más precisa y completa de las organizaciones que analizamos.
El problema es que la nueva regulación nos adjudica ese papel a medias. La Directiva de la Unión Europea establece que el auditor deba comprobar que las empresas obligadas elaboren el preceptivo estado de información no financiera, pero no impone la obligación de verificar el contenido de dicha información. Entramos por tanto en un territorio brumoso y que induce a confusión.
En efecto, los inversores y otros grupos de interés pueden llegar a pensar que el auditor verifica la información exigida, cuando en realidad lo que hace es constatar que se recoge la misma. El riesgo de este posible equívoco es alto y resulta potencialmente dañino para la reputación de las firmas auditoras. La información no financiera incluye temas sensibles, como el impacto medioambiental; los derechos laborales, respecto a políticas de igualdad, condiciones de trabajo, salud y seguridad; así como procedimientos de prevención de corrupción y soborno que pueden tener consecuencias para el proceso de creación de valor y la sostenibilidad de los resultados de las empresas. La ausencia de una verificación rigurosa de la información no financiera es un lastre para el, por lo demás encomiable, propósito de aumentar la transparencia de las grandes empresas y ofrecer una visión más fiel de la realidad de las mismas.
La solución a estas lagunas de la nueva normativa está sobre la mesa. Para que haya una auditoría de verdad de la información no financiera (y podamos aplicar los mismos criterios estrictos que empleamos al examinar las variables económicas de la empresa) hace falta una atribución legal más amplia que nos habilite para verificar la corrección de los datos aportados, algo que, tal y como prevé la Directiva, puede ser exigido por los Estados miembros. Solo así seremos capaces de estimular el compromiso de las grandes empresas con la transparencia, de generar un marco informativo común y comparable y, en definitiva, de transmitir credibilidad al conjunto de la sociedad.
Mario Alonso es el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
