El panel de expertos perteneciente al Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), compuesto por auditores conocedores de la realidad y evolución de los procesos concursales, ha respondido a una encuesta de coyuntura sobre la evolución de estos procesos concursales que afectan a nuestro país, entre los meses de julio y septiembre de 2020. Los expertos coinciden en que los concursos de acreedores están creciendo de manera exponencial y tendrán efectos negativos sobre el empleo.

 

El presidente del ICJCE, Ferrán Rodríguez, acompañado por el presidente del RAJ, Eduardo Molina, presentaron los datos obtenidos por este estudio en el III Congreso Nacional del RAJ, que este año se ha celebrado de manera virtual. Muchos de los encuestados destacan un drástico cambio al alza en la tendencia de años anteriores en la evolución de la actividad concursal, producido por el rápido deterioro económico generado por el COVID19.

 

“El acelerado crecimiento en el número nuevos procesos concursales, el endurecimiento de las condiciones económicas en las que tienen lugar, los significativos efectos sobre el empleo y las mayores dificultades para recuperar los créditos y evitar la liquidación de las personas que entran en concurso de acreedores son los escenarios a los que nos enfrentamos”, destacó Eduardo Molina.

 

Esta tendencia, según el estudio, no ha frenado el constante deterioro en la remuneración de los administradores y ni el encarecimiento del coste de sus pólizas de seguros que viene produciéndose desde hace años. El presidente del Instituto, Ferrán Rodríguez, también comentó esta situación durante su intervención y aseguró que ambas tendencias, sumadas a la falta de adecuación de la normativa concursal a las necesidades del tejido productivo español -y, más en concreto, a la falta de aprobación del Estatuto del Administrador concursal-, suponen un serio riesgo para el correcto funcionamiento del sistema concursal español, justo en un momento en el que de él depende en gran medida la recuperación de miles de empresas y puestos de trabajo.

 

“Es una demanda que trasladamos al Gobierno y a nuestros políticos siempre que tenemos oportunidad, pero que no termina de llegar. Los problemas que este retraso conlleva van a ponerse de manifiesto en breve, en el peor momento, justo cuando el sistema va a ser sometido a una mayor presión. Por eso vamos a seguir insistiendo en que su aprobación es prioritaria para el conjunto de la economía española”, solicitó Ferrán Rodríguez.

 

Eduardo Molina insistió en este tema y aseguró que “de mantenerse las actuales circunstancias, con una terrible inseguridad jurídica por la falta de aprobación del estatuto, con una exigua retribución, que en la mayoría de los casos no se llega a cobrar, con mayores costes y una profesión que inmerecidamente no goza del prestigio que se merece, difícilmente se podrá contar con profesionales formados y especializados en un futuro”.

 

 

El estudio refleja un leve repunte del número de nuevos concursos voluntarios y necesarios, y aumentan de forma significativa los concursos procedentes de mediación y, sobre todo, las personas físicas concursadas.

 

“Este aumento, que ya venía siendo generalizado dada la situación de endeudamiento de las familias, con créditos fáciles de obtener (tarjetas de crédito, etc.), cierres de pequeños negocios y pérdidas de puestos de trabajo y una crisis económica galopante, hará que en los próximos meses y, sobre todo a partir del 14 de marzo, el número de los concursos de acreedores aumente exponencialmente”, puntualizó Eduardo Molina.

 

Respecto al comportamiento de los concursados, el estudio indica que persiste la tendencia a la caída en el número de convenios firmados y cumplidos y, aunque se observa un cambio al alza en la tendencia de las calificaciones culpables, de momento no puede decirse que esté produciéndose un aumento significativo de este tipo de procesos. Las peticiones de responsabilidad no muestran apenas variaciones, por lo que hay que entender que su número se mantiene en los tres años analizados.

 

 

Como era de esperar, el aumento en el número de concursos también tiene efectos sobre las plantillas y en el funcionamiento de los mecanismos destinados a combatir los efectos del desempleo asociado a ellos. Así, por primera vez desde 2018, se produce un aumento, todavía no significativo, de EREs vinculados a concursos y en los periodos de pagos del FOGASA. De momento, el número de días pagados se mantiene en niveles pre-crisis.

 

 

Aunque en años anteriores tanto las recuperaciones de crédito ordinario como el importe recuperado de los deudores ya presentaban una tendencia a la baja, en 2020 está evolución se ha acentuado. Los resultados también evidencian que la Agencia Tributaria empieza a tener mayores problemas para recuperar sus créditos.

 

 

El número de recusaciones, como en 2018 y 2019, presenta una ligera tendencia a la baja. Sin embargo, es muy preocupante la acentuada tendencia a la baja de los honorarios de los administradores concursales y el aumento de los costes de sus pólizas de seguros, consecuencia de la cada vez mayor litigiosidad que afecta a esta actividad.

 

 

El presidente del Instituto explicó durante su intervención que el trabajo de los auditores de cuentas será fundamental para interpretar la transposición de la Directiva sobre Insolvencia y evitar así que entren tantos procedimientos en el juzgado, evitando así el atasco.

 

“La función de los auditores será imprescindible por sus conocimientos económicos, para seleccionar o filtrar qué empresas son viables y las que no lo son, haciendo un diagnóstico certero como se ha hecho en otros países europeos. Por estos motivos, el papel de los censores estará a la altura del desafío que vamos a tener los próximos meses y años. Este punto es muy importante, sobre todo de cara a un futuro en el que el legislador puede querer volver a revisar el acceso a la administración concursal”, finalizó Ferrán Rodríguez.

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