La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha retirado el procedimiento de licitación para la contratación de los servicios de auditoría financiera para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, tras el recurso presentado por el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Mario Alonso Ayala, ante el Tribunal de Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) en representación de la Corporación.

 

En dicho recurso, Mario Alonso manifestaba el rechazo del Instituto a la exigencia de los pliegos de condiciones de dicho contrato, por la que los licitadores debían de acreditar una facturación anual en trabajos de auditoría realizados en los últimos tres años de al menos 30 millones de euros -cifra que superaba en 750 veces el presupuesto máximo de licitación anual, establecido en unos 40.000 euros-. Este requerimiento, a juicio del Instituto, limita la competencia y la libre concurrencia de las firmas de auditoría, pues a dicho concurso si hubiese llegado a efecto sólo hubiese podido concurrir menos del 0,5% de las casi 1.400 firmas de auditoría del mercado español.

 

Asimismo en el recurso se exponía que la legislación de contratación del sector público recoge que las instrucciones de contratación han de atenerse, entre otros, a los principios de competencia, igualdad y no discriminación y estos principios podían verse afectados con cláusulas como éstas.

 

Tras la decisión de Enresa de retirar el pliego de condiciones de contratación de los servicios de auditoría, el TACRC ha resuelto que “no procede pronunciarse sobre la cuestión planteada, dado que el órgano de contratación ha desistido del procedimiento de licitación convocado”.

 

Mario Alonso ha dado valorado positivamente la actuación de Enresa al retirar el pliego de condiciones y ha manifestado que “ningún organismo público debe poner trabas a la libre competencia ni restringir la apertura a todos los operadores del mercado”. Y ha asegurado que “el Instituto seguirá mostrando su rechazo ante este tipo de prácticas, emprendiendo las acciones institucionales y legales necesarias para impedirlas y defender los derechos de los auditores de cuentas”. De hecho, el presidente del ICJCE ha enviado una carta a la consejera delegada de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (Cersa) manifestando su preocupación y disconformidad por el clausulado en su pliego de condiciones para la contratación de servicios de auditoría de cuentas que también atentan contra la libre concurrencia.

 

 

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, creado en 1942, es una Corporación de Derecho Público vinculada orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad, con personalidad jurídica. Entre sus objetivos centrales se encuentra mantener la más alta calidad profesional, el cumplimiento de las normas deontológicas, la formación permanente de sus miembros y la promoción de la auditoría como pieza clave del sistema económico. El sector con más de 1.390 sociedades y firmas de auditoría genera una facturación de más de 728 millones de euros. Todas las sociedades cotizadas en mercados bursátiles (IBEX y secundario) son auditadas por firmas de auditoría que pertenecen a una de las tres Corporaciones profesionales representativas de los auditores de cuentas. Los auditores realizaron durante 2012 (últimos datos disponibles) más de 62.000 trabajos de auditoría.
 

 

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