Isabel Bermúdez: “La mediación será una herramienta esencial ante un sistema judicial colapsado tras el fin del estado de alarma”
España se enfrenta a una situación sin precedentes en materia social y económica tras la proclamación del estado de alarma con motivo del COVID-19. La nueva presidenta del Servicio de Mediación de Auditores (SMAS) del ICJCE, Isabel Bermúdez, nos explica en esta entrevista que la mediación va a ser una herramienta esencial para ayudar a la Administración de Justicia ante la previsión de un colapso por la avalancha de procesos judiciales. El parón en la economía, producido por esta crisis sanitaria, va a originar conflictos de toda índole, tras el fin del estado de alarma.
Isabel Bermúdez, licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, sustituye a Carlos Izquierdo al frente de la presidencia del SMAS. Bermúdez cuenta con una dilatada experiencia centrada en la auditoría de cuentas, el ámbito concursal y el mundo de la mediación. Es miembro del ICJCE desde 1994. Asimismo, es Perito Judicial Oficial en materia de auditoría de cuentas, valoraciones y asuntos litigiosos mercantiles de materias financieras y contables, y miembro de su asociación profesional.
El ICJCE, conocedor de las cualidades de los auditores para ejercer como mediadores en el ámbito mercantil, impulsa la mediación a través del SMAS. Sus principales objetivos son: Promover, difundir y desarrollar la mediación como método alternativo y complementario de resolución de conflictos en el ámbito civil y mercantil; Administrar, a través de un turno de actuación profesional, las mediaciones que le sometan o le soliciten personas físicas o jurídicas para una resolución alternativa de sus conflictos; Colaborar con las Administraciones Públicas, con entidades públicas o privadas, organismos nacionales e internacionales especializados en la materia y con los órganos jurisdiccionales, con arreglo a lo establecido en la legislación aplicable.
¿Cómo va a afectar la crisis sanitaria y económica a la mediación en España?
España inició una nueva etapa para la mediación, desde el pasado mes de enero de 2019, con la aprobación del anteproyecto de Ley de impulso de la Mediación, que pretende reforzar esta herramienta como método alternativo para la resolución de conflictos, tanto antes de acudir a un pleito (mediación extrajudicial), como dentro del propio procedimiento porque el juez estime que ésta puede ser una eficaz solución (mediación por derivación judicial).
Pero, desde luego, a raíz de la proclamación del estado de alarma, con motivo de la crisis sanitaria del COVID 19, nos espera una complicada situación económica y a nadie se le escapa que va a surgir una avalancha de reclamaciones, ya sean por relaciones laborales, de familia o mercantiles, principalmente derivadas de situaciones de insolvencia sobrevenida o por necesidades de refinanciación. Este parón de la economía va a generar conflictos de toda índole. Y esta complicada situación va a exigir un gran esfuerzo, de negociación y entendimiento, en el que la mediación será una herramienta indispensable ante un sistema judicial colapsado.
El conflicto es una parte ineludible en los negocios y en las relaciones personales. La eficacia económica y emocional de las soluciones mediadas, entre las partes en conflicto, está absolutamente demostrada porque promueve el cumplimiento de los acuerdos adoptados, de forma que se favorecen las relaciones futuras. Sobre todo, las soluciones mediadas en relaciones sucesivas, no puntuales, ya sean mercantiles, familiares, civiles o laborales, proporcionan una solución que probadamente es más eficiente, satisfactoria y especialmente canaliza de forma positiva las relaciones futuras. Esta actitud no sólo va a ser positiva, sino también necesaria para levantar la situación de crisis que dejará la paralización de la actividad económica originada por el estado de alarma.
¿Podrá la administración de Justicia absorber la resolución de toda esta conflictividad?
Precisamente ese es el problema. Tras el parón producido por el estado de alarma y con el aumento previsto de los conflictos, se prevé un colapso en la Administración de Justicia. Por ello, el Consejo General de la Abogacía (CGA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han anticipado un centenar de medidas de toda índole para paliar este eventual colapso, durante el mes de abril. Estas medidas, que abarcan todos los órdenes jurisdiccionales, prevén o anticipan incluso reformas legislativas que van a potenciar la mediación más allá de las establecidas en el Anteproyecto que vio la luz el pasado enero de 2019.
La Administración es consciente que la resolución eficiente de los conflictos, una vez se haya restablecido la normalidad tras el estado de alarma, será condición necesaria para contribuir a la recuperación económica. Por ello, la potenciación de la mediación es necesaria como sistema ágil, eficiente y económico para la resolución de los conflictos, dentro de las dos formas de mediación mencionadas (mediación extrajudicial y mediación intrajudicial), que prevé nuestro ordenamiento. Evidentemente, desde el ICJCE entendemos que la que se ha de potenciar más es la mediación extrajudicial, obligando en determinados supuestos tasados a las soluciones mediadas y penalizando las actitudes y posturas que impidan el necesario acuerdo.
¿Cómo considera que debe potenciarse la mediación?
Todas las medidas previstas por el CGPJ y las consiguientes reformas legislativas servirán para potenciar las soluciones mediadas en la resolución de conflictos y los ADR´s. Sin embargo, si bien estos “incentivos” son imprescindibles para empezar a caminar, más importante es la necesaria divulgación entre todos los profesionales implicados de la bondad de esta herramienta. Para poder poner en práctica la solución de los asuntos a través de la mediación, tenemos que conocer el sistema y proponerlo a nuestros clientes. Así comenzaremos a andar. Por ello es muy importante la labor de comunicación y de divulgación de la mediación, así como la formación de los profesionales interesados.
Desde el SMAS pretendemos que todos los auditores que estén interesados en la prestación de esta función reciban del Instituto todo el soporte técnico, legal y formativo necesario para convertirse en mediadores mercantiles y desarrollar esta actividad.
Por ello, el Instituto recientemente está avanzando un acuerdo de colaboración con el ICAM para ofertar sesiones conjuntas de formación. Desde el ICJCE hemos propuesto inicialmente la formación en mediación relacionada con las siguientes situaciones:
- Conflictividad societaria.
- Emisión de informes técnicos contables en relación con la situación de las empresas.
- Planes de viabilidad.
¿Cómo pueden intervenir los auditores en la mediación?
El mediador es un profesional cualificado que mediante herramientas técnicas, analíticas y objetivas contribuye a favorecer el acuerdo entre dos partes en conflicto. El hecho de que la resolución del conflicto venga dada por un acuerdo entre las partes en vez de una resolución o laudo de un tercero, impuesto de forma obligada, favorece el cumplimiento de la solución acordada.
El auditor, como profesional cuya opinión aporta confianza sobre las cuentas, mantiene una posición privilegiada para contribuir y aportar soluciones acordadas. La figura de este profesional se presenta como idónea para la mediación, tanto por el conocimiento de los negocios que aporta el sector de la auditoría, como por su capacidad analítica y la actitud de observación y de escucha activa que está presente en el trabajo del auditor. Todo ello sin olvidar su posición de imparcialidad, que obliga a analizar las operaciones con independencia y desde el escepticismo profesional, cualidades que necesariamente han de presidir la labor mediadora.
Los profesionales que van a dirigir un proceso de mediación han de estar consensuados entre las dos partes implicadas para que tenga legitimidad. Además, han de tener una competencia contrastada, basada tanto en una sólida formación, permanentemente actualizada, así como capacidad para actuar con imparcialidad y neutralidad.
Todas estas características forman parte del ADN del auditor. Por todo ello, estoy convencida de que los auditores tenemos mucho que aportar y podemos contribuir a resolver este tipo de situaciones de conflicto.