El sector auditor español ha reclamado un “papel activo” en el desarrollo de la nueva Directiva de Información corporativa sobre sostenibilidad y ha alertado sobre la necesidad de un marco adecuado y con “criterios claros” para su elaboración y verificación, para evitar una pérdida de confianza respecto del valor de este tipo de información. Por boca de Ferran Rodríguez, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), el colectivo ha puesto énfasis en la “importancia fundamental” del marco técnico de la nueva Directiva y ha abogado por el “necesario diálogo” con el regulador.

 

Los cambios previstos en la Directiva de la Comisión Europea, todavía en fase de consulta, serán de aplicación en los informes de 2024, es decir, los referidos al ejercicio 2023.

 

Este posicionamiento del sector de la auditoría de cuentas del país se ha producido en la 31ª edición del “Fórum del Auditor Profesional”, organizado por el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) y que cuenta con la participación (in situ en Sitges y también a través del seguimiento online) de más de 1.000 profesionales de la auditoría de cuentas procedentes de toda España.

 

En la apertura del Fòrum, Antoni Gómez, presidente del Col·legi, ha expuesto que “los Fondos Next Generation son una oportunidad, pero también un riesgo si no se controlan de forma adecuada y desde un criterio de eficiencia”. Para ponderar a continuación que “está en juego la confianza de la ciudadanía y también la de la Unión Europea en su conjunto”. Precisamente los retos empresariales y para España en el contexto pospandemia y la gestión de los fondos europeos es uno de los ejes que vertebran buena parte de las ponencias del Fórum.

 

Santiago Durán, presidente del ICAC, ha justificado el cambio normativo que supone la Directiva de información no financiera porque “el crecimiento debe estar vinculado a la sostenibilidad”. “El desarrollo sostenible es esencial para la economía”, ha aseverado. Y ha dicho que las empresas y organizaciones deben tomar conciencia de que las obligaciones relacionadas con la información no financiera van a ser, “no inicialmente, pero sí con el tiempo”, iguales (en términos de regulación, supervisión y control) a las que operan en el campo de la información financiera.

 

En esta misma materia Antoni Gómez ha defendido que el conjunto de profesionales de la auditoría tiene que asumir un “papel muy directo” en la verificación de los informes, toda vez que para la información (financiera y no financiera), la confianza en el control interno de la organización y en los sistemas tecnológicos que generan los datos son “aspectos clave”.

 

Por su parte, Ferran Rodríguez ha priorizado la calidad como “condición necesaria” para la publicación de los informes con el fin de evitar el riesgo vinculado al “gap de expectativas” por parte de quienes son los destinatarios de la información contenida en el mismo. Ha opinado que “la Unión Europea no va a establecer una reserva de actividad para los auditores” en este ámbito y ha reivindicado la “competitividad del colectivo” para la asunción de esta labor. 

 

El sector auditor del país participante en el Fòrum y el ICAC han valorado que el proceso regulatorio y normativo relacionado con la práctica de la auditoría de cuentas en España ha llegado a su fin con el nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas: “se ha reducido la incertidumbre regulatoria y contamos con reglas claras, y todo con un alto grado de consenso”, han sintetizado. El presidente del ICJCE ha puntualizado que ahora lo importante es “que nos centremos” en la aplicación del Reglamento.

 

A pesar de ello, tanto desde el ICAC como desde el colectivo auditor se entrevé como todavía “lejana” la concreción de una nueva reforma de la actividad auditora que se pretende llevar a cabo desde instancias europeas al objeto de minimizar los casos “mediáticos pero excepcionales” de fraude empresarial. Eso sí, Santiago Durán ha reflexionado que “quizás deberíamos desarrollar específicamente auditorías de fraude adicionalmente a las auditorías de estados financieros, ya que estas últimas no están concebidas para detectar fraudes”, sin perjuicio de su indudable valor para la transparencia y confianza en las cuentas divulgadas.

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