Observatorio de la Información sobre Sostenibilidad de Entidades del Sector Público
Sostenibilidad en el Sector Público
La sostenibilidad se ha convertido en un pilar esencial en la gestión del sector público, abarcando aspectos ambientales, económicos y sociales. Son diversas las razones por las que las entidades del sector público estarían interesadas en la elaboración de información sobre sostenibilidad. Leer más
Organismos y marcos de referencia en la elaboración de información sobre sostenibilidad
Existen diferentes organismos y marcos que apoyan y guían la elaboración de informes de sostenibilidad en el sector público. Algunos de los más destacados son:
- International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB): Este organismo desarrolla normas contables para el sector público y está trabajando en un estándar específico de sostenibilidad, considerando la relevancia de este tipo de información para los gobiernos y entidades públicas. Visitar IPSASB.
- Global Reporting Initiative (GRI): Aunque el GRI no dispone de un estándar específico para el sector público, sus estándares son ampliamente utilizados por entidades públicas a nivel mundial. El GRI ayuda a estas entidades a informar sobre sus impactos en sostenibilidad, promoviendo la comparabilidad y la transparencia.
- European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG): En el contexto europeo, el EFRAG está desarrollando normas de sostenibilidad para las empresas, y aunque inicialmente no están dirigidas exclusivamente al sector público, muchas de sus pautas son aplicables en este ámbito. Conocer más sobre el EFRAG.
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD): El TCFD ha desarrollado un marco para ayudar a las empresas y organizaciones a revelar de manera más efectiva los riesgos y oportunidades relacionados con el clima a través de sus procesos de presentación de informes existentes. No obstante, el TCFD se disolvió el 12 de octubre de 2023. Conocer más sobre el TCFD.
- International Sustainability Standards Board (ISSB): El ISSB es un organismo independiente de establecimiento de normas dentro de la Fundación IFRS, creado para desarrollar estándares globales de divulgación de sostenibilidad de alta calidad. El ISSB se basa en iniciativas previas como el Climate Disclosure Standards Board (CDSB), el Task Force for Climate-related Financial Disclosures (TCFD), el Integrated Reporting Framework y los estándares de la Sustainability Accounting Standards Board (SASB). El ISSB trabaja en estrecha colaboración con el IASB para garantizar la coherencia entre los estándares de contabilidad y los de divulgación de sostenibilidad, promoviendo una presentación de informes conectada y eficiente. Más información sobre ISSB.
Según el informe "Evolving Climate Accountability: A Global Review of Public Sector Environmental Reporting" de CIPFA, existen al menos 12 marcos que podrían aplicarse a la sostenibilidad en el sector público, aunque no están específicamente diseñados para ello. Algunos de estos marcos son:
- Accountability AA1000 series of standards
- Carbon Disclosure Project (CDP)
- Climate Disclosure Standards Board (CDSB)
- Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI)
- Global ESG Benchmark for Real Assets (GRESB)
- Global Reporting Initiative (GRI)
- International Integrated Reporting Council (IIRC)
- ISO 26000- Guidance on social responsibility
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)
- Sustainable Development Goals (SDGs)
- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
- UN Global Compact (UNGC)
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Primeros pasos normativos y ejemplos de implementación
En Europa, la contratación pública y otras legislaciones refuerzan la importancia de la sostenibilidad en las operaciones del sector público. Las directivas de contratación y otros reglamentos de la UE establecen un marco para incluir criterios de sostenibilidad en las compras y proyectos públicos.
Desde el 2014, la Unión Europea ha adoptado las siguientes directivas que establecen el marco para la contratación pública en los Estados miembros:
- Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública. Esta Directiva regula los procedimientos de contratación pública en la UE, promoviendo la transparencia, competencia e igualdad de trato. Esta directiva también permite y alienta la inclusión de criterios ambientales y sociales para hacer los procesos de contratación más sostenibles. Leer más
- Directiva 2014/23/UE sobre adjudicación de contratos de concesión. Establece un marco común para la adjudicación de contratos de concesión en la UE, promoviendo la transparencia, competencia y acceso equitativo a los mercados. Si bien la directiva permite la consideración de criterios ambientales y sociales, no se enfoca principalmente en la sostenibilidad, sino en regular las condiciones de adjudicación de estos contratos. Leer más
- Directiva 2014/25/UE sobre contratación pública en sectores específicos. Regula los procedimientos de contratación pública en sectores clave como el agua, la energía, el transporte y los servicios postales, con el objetivo de garantizar la competencia leal y el acceso no discriminatorio a estos mercados. Esta directiva permite a las entidades adjudicadoras la opción de integrar criterios sociales y ambientales en sus procesos, promoviendo prácticas más sostenibles cuando sea pertinente. Leer más
Además de estas directivas, destacan el:
- Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020, establece un sistema de clasificación para definir qué actividades económicas pueden considerarse ambientalmente sostenibles. Aunque está dirigido principalmente al sector privado, también tiene implicaciones para el sector público en áreas de financiación y proyectos que deben cumplir con criterios de sostenibilidad. Leer más
- Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, aunque se dirige principalmente al sector financiero, introduce criterios de sostenibilidad que pueden aplicarse también en la contratación pública, especialmente en proyectos financiados por fondos europeos o en contratos donde se requiera información clara sobre los riesgos y las oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Leer más
Además de estas normativas, la Comisión Europea ha emitido diversas comunicaciones y guías para promover las compras públicas sostenibles. Una de las más destacadas es la Comunicación "Contratación pública para un medio ambiente mejor" (COM(2008) 400 final), publicada en 2008. Esta comunicación proporciona directrices para reducir el impacto ambiental del consumo del sector público y fomentar la Contratación Pública Ecológica (CPE) como herramienta para estimular la innovación en tecnologías, productos y servicios medioambientales.
Para facilitar la implementación de la CPE, la Comisión ha desarrollado criterios medioambientales comunes aplicables a diversos grupos de productos y servicios. Estos criterios están disponibles en el Manual sobre adquisiciones ecológicas, que sirve como guía para las administraciones públicas en la adquisición de bienes y servicios con bajo impacto ambiental. Leer más
Asimismo, la Comisión Europea ha recopilado casos prácticos y buenas prácticas en materia de contratación pública sostenible. Por ejemplo, en 2020 se publicó un documento que reúne 71 buenas prácticas en este ámbito, con el objetivo de mejorar el conocimiento y comprensión del potencial de la contratación pública socialmente responsable. Leer más
Por otro lado, en España, la normativa de sostenibilidad que afecta al sector público está alineada con las directivas europeas y se complementa con leyes y estrategias nacionales. Se basa en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, entre otras. Además, diversas estrategias y planes como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Economía Circular impulsan la sostenibilidad en el ámbito público, tanto a nivel de contratación como en la gestión de infraestructuras y servicios.
A continuación, destacamos algunos ejemplos de normativas que por su temática impactan al sector público en materia de sostenibilidad en España. Estas son:
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Leer más
- Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Leer más
- Orden HAC/641/2020, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Esta orden subraya la importancia de planificar y gestionar los recursos públicos de manera que se apoyen los objetivos de sostenibilidad. Leer más
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. La ley incluye medidas específicas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de energías renovables, esenciales para una gestión pública comprometida con la sostenibilidad Leer más
- Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Esta ley contempla la posibilidad de integrar la sostenibilidad en la planificación presupuestaria mediante la asignación de recursos a proyectos y políticas que fomenten la transición ecológica y la reducción de la huella ambiental en la gestión pública. Leer más
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